El Estado Colombiano afronta en la actualidad grandes desafíos desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista fiscal, es evidente la necesidad de asumir las obligaciones en materia pensional, socorrer a la población víctima de la violencia, atender los requerimientos de salud, educación y agua potable, en cada uno de los departamentos y municipios del país, el pago del servicio de la deuda pública, etc.

El accionar de los agentes estatales, en desarrollo de sus funciones, así como sus extralimitaciones y omisiones, hacen que quienes vean afectados sus derechos, interpongan demandas conducentes a reparar el daño causado y lograr indemnizaciones por los perjuicios ocasionados, las cuales pueden alcanzar cifras bastante alta en proporción con el PIB1 .

Sumado a lo anterior, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que en Colombia conoce y resuelve los litigios contra el Estado, la problemática actual es muy delicada, dado el alto número de demandas y procesos bajo su conocimiento y su cada vez mayor represamiento y demora en su resolución. Efectivamente, en los juzgados administrativos, tribunales administrativos y en el Consejo de Estado reposan miles de expedientes acumulados de años anteriores.

En ejercicio de las diferentes acciones se tramitan multitud de actividades procesales y están pendientes de fallo miles de procesos. Esta dificultad, que afecta derechos fundamentales de todos los involucrados es particularmente sensible en los procesos en los que se discute la responsabilidad contractual, extracontractual y laboral de las autoridades públicas, los cuales congestionan los despachos judiciales y que exigen para su fallo una espera que en algunos casos supera los quince años.

Debido a lo anterior, a mediados del año 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Banco Mundial dieron inicio al proyecto para "El Fortalecimiento Institucional Del Sistema De Gestión De Demandas Legales", el cual está estructurado en 6 componentes. Dada la importancia del tema y la complejidad de los objetivos esperados por este proyecto, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el propósito de generar valor, considero que la mejor estrategia para abordar este proyecto era lograr una alianza estratégica con otras organizaciones de reconocida importancia en el país.

Para este fin se crearon dos importantes alianzas, una con la Universidad Sergio  Arboleda (consorcio CCB-USA) y otra con el Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad y la Universidad Sergio Arboleda (consorcio CCB-USA-ISP).

El consorcio CCB-USA-ISP esta ejecutando el componente número dos, cuyo objeto es realizar un Análisis de procesos que impacten los siguientes sectores: Por lo menos 20% de procesos del Sector Hidrocarburos, 20% del sector infraestructura vial, 20% del sector Energético y de servicios públicos domiciliarios, 20% del sector salud, y 20% del sector medioambiental, a partir de la identificación, recopilación y desarrollo de memorias sobre el desarrollo de los casos tipo analizados.

Con base en el examen de por lo menos trescientos procesos contencioso administrativos que se tramitan ante la jurisdicción administrativa y ante los tribunales de arbitramento, en temas de responsabilidad contractual, extracontractual y laboral, en las materias señaladas, se podrán detectar las tendencias de la litigiosidad, con el fin de proponer medidas para el diseño e implementación de un sistema de métodos alternativos de solución de conflictos útil y eficiente para los procesos entre los particulares y el Estado, buscando establecer los recursos financieros y logísticos de soporte necesarios.

En este orden de ideas, la investigación tendrá que abordar aspectos sensibles para que el uso de la conciliación en materia contenciosa administrativa cumpla su finalidad en la resolución y prevención del daño antijurídico y muestre sus beneficios para disminuir los impactos fiscales y presupuestales para el Estado, vía condenas judiciales, por procesos judiciales que toman más de diez años en promedio o en tribunales arbitrales, que a pesar son mucho más ágiles, en un buen porcentaje de los casos, podrían ser resueltos vía conciliación, si realmente existiera una política y unos criterios claros para el uso de la figura dentro de las entidades estatales y se fortalecieran los escenarios de análisis y discusión de los comités de conciliación de las entidades estatales, creándose un verdadero espacio para determinar realmente la decisión de conciliar o no determinado asunto.

Por su parte, la investigación correspondiente al componente tres la está desarrollando el consorcio CCB-USA, cuyo objeto es el Fortalecimiento de la función de prevención del daño antijurídico, en materia contractual, laboral y de responsabilidad extracontractual con exclusión del ámbito penal.

En un esquema de gestión jurídica y de defensa técnica, el Estado colombiano debe tener en cuenta el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos MASC -arbitraje, conciliación y amigable composición-, como uno de los ejes fundamentales en el manejo del daño antijurídico en las áreas objeto de la consultoría y cómo, a partir de su uso, pueden implementarse políticas para su prevención. En este orden de ideas, la consultoría involucrará un análisis detenido sobre el uso que se le ha dado y el que se le debe dar hacia el futuro a los MASC como instrumento para la resolución y prevención del daño antijurídico.

La anterior perspectiva, justifica la necesidad, de una parte, de que el Estado encuentre un proceso de fortalecimiento de la función de prevención del daño antijurídico, en materia contractual, laboral y de responsabilidad extracontractual, con exclusión del ámbito penal, mediante la identificación de las causas más comunes de condena de la Nación y, de otra parte, la generación de estrategias y lineamientos de acción, por medio de un diagnóstico que se realizará con una muestra representativa de las decisiones judiciales del Consejo de Estado y de tribunales arbitrales adelantados ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en estás temáticas, y a través de entrevistas y conversatorios con los actores involucrados en esta problemática.

Finalmente, un componente estructural de este proyecto tiene que ver con la implementación de sistemas de información para apoyar los procesos de prevención del daño antijurídico. Se implementó en el 2009 el sistema de integración de información litigiosa estatal (LITIGOB), ordenándole a todas las entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional reportar toda la información de los procesos del Estado mediante formatos de Excel, los cuales son cargados a la mencionada aplicación.

Hasta el momento, se han ingresado unos 9.000 registros validados y alrededor de 80.000 están pendientes de validación y verificación del proceso de calidad de datos y normalización para el ingreso. En la actualidad se siguen evaluando metodologías y procesos de apoyo alternativos para optimizar este proceso por parte de las entidades estatales y del mismo sistema LITIGOB.

Dada la importancia del proyecto, cuyo objetivo fundamental es centralizar la información de los procesos para que el DDJE gestione y apoye de manera más eficiente y oportuna a las entidades para la prevención del daño antijurídico, es fundamental evaluar y recomendar alternativas para el manejo de los datos y el proceso de integración, de forma que los procesos tecnológicos no se conviertan en un impedimento para el cumplimiento de los objetivos, y aún mejor, faciliten el cumplimiento de los mismos.

Estos son los retos a los cuales deben responder la Cámara de Comercio de Bogotá y sus Aliados Estratégicos.

[1] De acuerdo con la información manejada por la Contraloría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pasivo contingente está estimado en 689 billones de pesos.